San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
15 de febrero de 2011
Actualización de la AU_01
Acción Urgente
Auto de Formal Prisión a 10 ejidatarios que defendían su Territorio en Chiapas
Se registraron violaciones a las garantías judiciales de los detenidos
tseltales
10 presos políticos perseguidos por el gobierno de Sabines
En seguimiento a la Acción Urgente 01, que este Centro de Derechos
Humanos (Frayba) emitió el pasado 02 de febrero del presente, en
relación a la detención arbitraria de 117 indígenas tseltales,
ejidatarios de San Sebastián Bachajón (SSB), municipio de Chilón,
adherentes a La Otra Campaña (LOC), emitimos nuevas informaciones:
El pasado viernes 11 de febrero de 2011, aproximadamente a las 20.00
hrs. al término del plazo constitucional, el Juez Víctor Adolfo Vera
Morales, titular del Juzgado del Ramo Penal de Catazajá, Chiapas,
decidió dictar Auto de Formal Prisión al Sr. Jerónimo Guzmán Méndez
por los delitos de homicidio calificado, atentados contra la paz y la
integridad corporal y patrimonio del estado y daños; al Sr. Domingo
Pérez Álvaro, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz
y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños; así como a
los Sres. Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García
Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara,
Pedro García Álvaro (con discapacidad mental), así como al menor de
edad Mariano Demeza Silvano por los delitos de atentados contra la paz
y la integridad corporal y patrimonio del estado y daños. Nueve de los
indígenas enfrentarán su proceso judicial bajo detención en el Centro
Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No.
17), en la causa penal 39/2011, en tanto que el menor de edad fue
trasladado al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes
Villa Crisol en el municipio de Berriozábal, Chiapas y puesto a
disposición del Juez Primero Especializado de Primera Instancia en
Justicia para Adolescentes, Lic. Edilberto Molina Barrientos.
Según información del gobierno de Chiapas, emitida el 13 de febrero,
durante las diligencias del término constitucional, los detenidos
contaron con garantías judiciales que protegen sus derechos como
detenidos, sin embargo, la información documentada en el lugar de los
hechos por este Centro de Derechos Humanos confirma que la defensora
de oficio Yolanda Álvarez Cruz, abogada indígena, que los asistió
durante su declaración preparatoria ante el Juez es de lengua y
cultura Cho?l y el actual defensor Darío Sánchez Escobar es mestizo.
Durante las diligencias, las y los testigos, indígenas tseltales, que
rindieron su declaración a favor de los 10 indígenas detenidos, no
fueron asistidos por intérpretes calificados para las diligencias
judiciales, ya que se cuenta con el dato que policías municipales
uniformados fueron presentados como traductores, lo que intimidó a
varios testigos; otras personas que sirvieron como traductores eran de
lengua Cho´l o bien tseltales que no contaban con la formación
adecuada y suficiente para asumir esa responsabilidad jurídica, por lo
que esta situación desvirtuó las declaraciones en la defensa de los
detenidos.
Las y los integrantes de este Centro de Derechos Humanos que
asistieron en la defensa durante el término constitucional, fueron
obstruidos en su labor de defensa por funcionarios de ese juzgado, ya
que no tuvieron un acceso adecuado al expediente penal para realizar
su trabajo de defensa.
Después del ejercicio penal, los 10 indígenas encarcelados fueron
presionados para que sus familiares y/o autoridades comunitarias,
adherentes a LOC, participaran en una ?mesa de negociación?, promovida
por el gobernador de Chiapas Juan José Sabines Guerrero y el
Secretario General de Gobierno Noe Castañon León, así como el grupo de
?oficialistas? del ejido de San Sebastián Bachajón, Chilón, y el grupo
de ?priistas? de Agua Azul, municpio de Tumbalá, para firmar un ?Pacto
de civilidad y concertación para la paz en el Centro Ecoturístico Agua
Azul.?
El Frayba cuenta con información que Pedro García Álvaro, quien tiene
discapacidad mental, fue obligado a firmar una declaración
autoinculpatoria ya que dada su condición no está posibilitado a
articular un relato completo, tal y como se asienta en la declaración
preparatoria, de tal manera que se le ha dejado en estado de
indefensión, además de no realizarle los estudios correspondientes
para su situación.
Según datos recabados, documentamos que Jerónimo Guzmán Méndez,
acusado por el delito de homicidio calificado y Domingo Pérez Álvaro,
por el delito de homicidio en grado de tentativa, y varios más de los
acusados, no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 02
de febrero, en donde lamentablemente perdió la vida el Sr. Marcos
Moreno García y resultó herido Sr. Tomás Pérez Deara. Las
declaraciones jurídicas de las personas que acusan a los 10 detenidos
resultan no claras y enrarecidas. Asimismo se cuenta con datos que
indican que al menos 25, de los 117 indígenas tseltales que
inicialmente fueron detenidos pertenecientes a LOC, firmaron
declaraciones sin conocer el contenido en donde señalaban a sus
compañeros ahora privados arbitrativamente de su libertad. Otros
indican que les condicionaron su libertad si no firmaban ese documento
y otros fueron amenazados: ?me dijeron que si no cooperaba me iban a
torturar y a meter una bolsa en la cabeza?.
Según testimonios de las 107 personas que fueron liberadas el 04 de
febrero, indican que no se les permitió leer su declaración ante el
ministerio público, así como otros documentos que firmaron y de los
cuales desconocen su contenido. Informan que cuentan con un
apercibimiento judicial y que al momento de su liberación fueron
amenazados de encarcelamiento si no desistían en su lucha por la
defensa del territorio y de su organización social y política a través
de LOC.
Para este Centro de Derechos Humanos la detención y procesamiento de
las personas injustamente encarceladas, se encuentran en un escenario
de represión por autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que
priva arbitrariamente de la libertad a 10 personas por su acción
política y social en la defensa de sus derechos.
Este Centro de Derechos Humanos considera que se violaron el derecho
al debido proceso, garantías judiciales, presunción de inocencia y
protección judicial de los 10 indígenas tseltales.
Ante los hechos anteriormente narrados, solicitamos a los colectivos,
organizaciones, grupos y personas que realicen actos de solidaridad a
favor de las 10 personas detenidas por la defensa al territorio de los
pueblos indígenas. Así también envíen cartas a las autoridades
mexicanas exigiendo:
La liberación de Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Pedro
Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan
Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García
Álvaro, Mariano Demeza Silvano.
Una investigación seria, exhaustiva y apegada a la verdad de los
hechos ocurridos el día 02 de febrero, en donde fue despojada la
caseta de cobro a los adherentes de LOC; así como el esclarecimiento
del fallecimiento del Sr. Marcos García Moreno y de la agresión al Sr.
Tomás Pérez Deara.
Una investigación seria y exhaustiva que sancione a las y los
funcionarios de procuración y administración de justicia de Chiapas
que ocurrieron en actos violatorios a los derechos humanos.
Se respete el ejercicio al derecho al territorio de los Pueblos
indígenas, que están realizando las ejidatarias y ejidatarios de SSB
adherentes a LOC.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC.
Calle Brasil 14, Barrio Mexicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México
Tel: + (52) 967 6787395, 967 6787396, Fax:+ (52) 967 6783548
Correo: accionurgente@frayba.org.mx
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