Privación Arbitraria de la Libertad a ejidatarios en Chiapas
Privación Arbitraria de la Libertad a ejidatarios en Chiapas
Gobierno estatal mantiene detenidos a 10 ejidatarios de San Sebastián
Bachajón, adherentes a La Otra Campaña.
El pasado 3 de febrero fueron detenidos de manera arbitraria 117
ejidatarios, indígenas tseltales, de San Sebastián Bachajón, Municipio
de Chilón, Chiapas; las personas detenidas, adherentes a La Otra
Campaña (en adelante LOC), señalaron que entre las irregularidades en
el proceso legal no contaron con abogado defensor ni interprete
calificado, además fueron amenazadas por policías estatales y
hostigados por el Ministerio Público.
Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos, la
detención de los ejidatarios ocurrió mientras se encontraban reunidos,
a la altura de la entrada a las Cascadas de Agua Azul, acordando la
respuesta que darían al gobierno estatal sobre el ofrecimiento de
iniciar una mesa de diálogo entre las partes; fue entonces cuando
policías estatales realizaron la detención masiva, persiguiendo a los
que buscaban refugio en las casas de los vecinos de la zona.
Al día siguiente, 4 de febrero, comenzaron los interrogatorios y el
desahogo de pruebas, les hicieron la prueba de rodizonato de sodio y
fueron obligados a dar muestras de orina para exámenes toxicológicos;
durante todo el proceso refirieron que en ningún momento fueron
asistidos por abogado defensor, ni auxiliados por interpretes
calificados de acuerdo a su lengua y cultura. Los testimonios señalan
que durante la recepción de sus declaraciones ministeriales,
recibieron amenazas por parte de policías estatales y hostigamiento de
servidores públicos responsables de la procuración de justicia.
Según datos, aproximadamente a las 02:00 hrs., del día 5 de febrero,
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas liberó a 107
ejidatarios y a las 20:00 horas, del mismo día, fueron consignadas 10
personas, entre ellas un menor de edad, al Juzgado Penal de Playas de
Catazajá y trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de
Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17) en el Municipio de Playas de
Catazajá, Chiapas, bajo las acusaciones de homicidio calificado,
homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la
integridad corporal y patrimonio del Estado, bajo el expediente penal
No. 39/2011.
Las ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a LOC, que
permanecen detenidos son:
Mariano Demeza Silvano (menor de edad, tiene 17 años)
Domingo Pérez Álvaro (forma parte de la Comisión de promoción)
Pedro Hernández López (secretario del comisariado ejidal)
Miguel López Deara (suplente del consejero ejidal)
Domingo García Gómez (integrante del Comité de Defensa de Derechos)
Juan Aguilar Guzmán (Principal cajero)
Pedro García Álvaro (con discapacidad mental)
Jerónimo Guzmán Méndez (ejidatario)
Pedro López Gómez (ejidatario)
Miguel Álvaro Deara (ejidatario)
El día 6 de febrero, el gobierno del estado de Chiapas anunció
públicamente el inicio de una mesa de diálogo entre las partes; sin
embargo los ejidatarios adherentes a LOC no se presentaron debido a
que la propuesta no respetó que ya existía un proceso de diálogo para
llegar a un acuerdo comunitario, además indicaron haber sido agredidos
y despojados violentamente de la caseta de cobro por el grupo de
ejidatarios ?oficialistas?; que el gobierno estatal mantiene a 10
ejidatarios presos y que cuerpos policiacos mantienen ocupado el
territorio que ancestralmente les pertenece.
Ante estos hechos, este Centro de Derechos Humanos considera que se
violaron el derecho a la integridad personal, derecho a la presunción
de inocencia, derecho al debido proceso, garantías judiciales y
protección judicial.
Debido a que el próximo viernes 11 de febrero, se vence el plazo
jurídico, exhortamos a la comunidad nacional e internacional que se
pronuncie para que:
Se garanticen los derechos humanos de las personas detenidas,
particularmente el derecho a la presunción de inocencia, de protección
judicial y garantías judiciales, así como el respeto al debido proceso
legal.
A los colectivos, organizaciones y personas, realicen actos de
solidaridad a favor de las personas detenidas y por el respeto al
territorio de los pueblos indígenas.
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