Primero de Marzo de 2011, Chiapas
C. Lic. Juan Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas.
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Los organismos Defensores de Los Derechos Humanos, que Defendemos y Promovemos los Derechos Humanos en el Estado de Chiapas; condenamos categóricamente el encarcelamiento en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, “El Amate”, de los abogados y el Director del Centro de Derechos Humanos, “Digna Ochoa” con sede en Tonalá.
El 22 de febrero fueron detenidas en Tonalá, Chiapas, México 19 personas, provenientes de cuatro localidades pertenecientes al consejo autónomo regional de la costa de Chiapas: de “El Carmen”: Moisés Morgan Alonso, Emidio Martínez Aguilón, de “La Central”: Ismael Masías Pascasio, Obeth Pascasio Velázquez,
De “Joaquín Amaro”: Roberto Espinosa Ramírez, Itamar Espinosa Sánchez, Gerardo Sánchez Morales, Ezequiel Cruz Tovilla, Andrés García Caballero, Eloy Mendoza Ramos, Francisco Mendoza Morgan, Francisco Peña, Gerardo Fernández Hernández, Obelino Oballe Mendoza, de “Mapastepec”: Nataniel Trujillo García y Roberto Macías Ángel y por el Centro de DDHH Digna Ochoa: Lic. Nataniel Hernández, Lic. José María Martínez Cruz, Lic. Eduardo Alonso Martínez Silva. En la detención participaron elementos de la policía sectorial del estado y policía federal preventiva, quienes los trasladaron a la fiscalía regional istmo- costa de Tonalá a cargo del fiscal Rafael Martínez Ruiz.
En un primero momento las personas privadas de su libertad se encontraban José María Martínez Cruz, Eduardo Alonso Martínez Silva, Abogados – Defensores de los Derechos Humanos del Digna Ochoa y Nataniel Hernández Núñez director de dicha institución quienes fueron detenidos al encontrarse realizando actividades de observación y documentación ante posibles violaciones a derechos humanos. Por lo tanto en la realización de su labor fueron detenidos y aislados del resto y se les señaló dentro de la averiguación previa 11/IC22/2011, como probables responsables de los delitos de motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado[1]
Este hecho es indignante y resulta gravísimo, pues su gobierno abiertamente criminaliza la defensa de los Derechos Humanos y viola los tratados internacionales que nuestro país ha signado en materia de Derechos Humanos, reconocidos en el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
Los Organismos de Defensa de los Derechos Humanos coadyuvamos en la vigilancia de la construcción de la Paz, al velar por la Justicia. Trabajamos de manera autónoma, con recursos propios. Es importante señalar que todos sin ninguna diferencia ni excepción, tienen una importancia esencial y los funcionarios de su gobierno están obligados por ley a respetarlos. De ninguna manera aceptamos que se les denoste con ofensas como las que les fueron proferidas a los Abogados José María Martínez Cruz, Eduardo Alonso Martínez Silva, y Nataniel Hernández Núñez, quienes fueron objetos de burla por parte de los elementos de seguridad que ejercieron sobre ellos tortura psicológica, por ejemplo en la Fiscalía Regional istmo Costa el comandante les ordena quitarse los zapatos, al momento de su detención fueron tratados como delincuentes comunes.
¿Será que las bajezas con que fueron insultados al llamarles “abogadillos de mierda”, Centro de Derechos Humanos “patito”, “pendejos de los Derechos Humanos”, refleja por parte de su gobierno el trato hacia los Defensores de los Derechos Humanos?,¿Estas son las palabras vueltas hechos de su gobierno?
Es así pues que la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de las naciones unidades han expresado que los gobiernos se sirven del sistema judicial como instrumento de hostilidad y castigo para los defensores de derechos humanos. Afín de disipar toda impresión de que en su opinión, la defensa de los derechos humanos sea un acto delictivo, normalmente acusan a os defensores de derechos humanos de delitos contra la seguridad del estado[2]
El Director del “Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa” tiene 24 años, y los abogados 22 y 23; son jóvenes valientes que al egresar de su carrera, siguen la firme convicción de combatir las injusticias que hoy, desgraciadamente, sienten en carne propia. Su juventud no le da derecho al aparato de Estado para discriminarlos, muy al contrario, es motivo de orgullo y esperanza que las nuevas generaciones están concientes y decididas a reconstruir un futuro que no han heredado favorable. Los tres jóvenes abogados están aislados en el “área conyugal” del Penal del Amate, les dicen que “por su seguridad”. Hacemos responsable al Gobierno del Estado de Chiapas, de su seguridad física y psicológica. Estos hechos son violaciones flagrantes a los Derechos Humanos de tres Defensores de Derechos Humanos.
En el momento de los hechos de que se los acusa, se encontraban en “Hotel Puerta del Sol”, en Tonalá, a donde fueron convocados el día 21, por el Secretario de Gobierno Noé Castañón, a través de su representante, el Ing. Fernando López Altúzar. Los funcionarios, son testigos que los ahora acusados se encontraban en su presencia por lo que no pudieron cometer delito alguno. Esta forma de operar es un doble discurso que quedó manifiesto, porque el secretario de gobierno convocó a los abogados para tenderles una trampa.
Para acusarlos, se les dejó caer todo el aparato de gobierno del Estado, con la excesiva presencia judicial, custodiados por los fiscales del ministerio público Lic. Armando Pérez Narváez fiscal de Tapachula, Comandante Regional de la Policía Especializada C. David Emilio Ruiz Bustamante, Fiscal del Ministerio Publico de Cacahoatan. Lic. Julio Enrique Balbuena Ruiz, Fiscal del Ministerio Publico de Tuxtla Chico. Lic. Leonardo Daniel Gris Barrios, Fiscal del Ministerio Publico de Ciudad Hidalgo. Fiscal del Ministerio Publico de Mazatán. Lic. Thelma Elena Tercero López Fiscal del Ministerio Publico de Huehuetan. Lic. Rosemberg Cruz Barrios. Fiscal del Ministerio Publico de Puerto Madero. Lic. Jorge Hernández Hernández, Lic. Rafael Martínez Ruiz Fiscal de Distrito, Subdirección de Averiguaciones Previas Lic. Octavio Rigoberto Macías Flores, Subdirección de Control de Procesos Lic. Javier Hernández Peña de Tonalá; Como si la presencia de tantos fiscales, asegurara la saña con la que pretendían ser juzgados.
Alrededor de 57 personas fueron perseguidos aproximadamente por 600 elementos de seguridad pública; detenidos fuera del lugar de los hechos cuando ya había terminado la manifestación, entre ellos se encontraron mujeres, que fueron golpeadas y retenidas en “Las pilitas” por más de tres horas, detuvieron también a dos menores Aleix Montes de Oca Ramírez y Luis Enrique Olivera ambos de 15 años de edad.
Y al llegar a la fiscalía de Cintalapa los tuvieron aislados y sin avisarle a sus familiares, cuando estuvieron detenidos en la Comandancia Municipal llegaron 19 y 16 fueron golpeados, torturados psicológicamente; los hicieron firmar bajo presión, sin permitirles leer las declaraciones que les fueron cambiadas varias veces y siempre con el fin de inculpar a los Abogados a quienes por acompañar, se les acusa de dirigir. En la averiguación previa número 11/IC22/2011, se les consignó por el delito de “motín” por apoyar activamente el Derecho de manifestación consagrado en el Artículo 6° Constitucional, cuando el “Consejo Autónomo Regional de la zona Costa de Chiapas”, respondió al llamado de convocatoria abierta por la liberación de los presos políticos de Bachajón y de Mizitón, de la otra Campaña.
Los Organismos de Derechos Humanos, somos activos, no somos meramente observadores, el trabajo de acompañamiento de los procesos sociales lo aprendimos del pionero de Los Centros de Derechos Humanos en Chiapas, nuestro Inolvidable Caminante Jtatik Samuel Ruiz García.
La gravedad que implica el hecho de que por instrucciones de su gobierno se detiene, incomunica, golpea, tortura, insulta, acusa, consigna y finalmente encarcela a Defensores de los Derechos Humanos, se magnifica por tratarse del Director de un Centro de Derechos Humanos.
Es una mala señal para la sociedad, estatal, nacional e internacional la forma como se conduce el gobierno de Chiapas. La imagen que se da al mundo de nuestro estado, coincide con la de violencia con que se ha conocido en estos últimos años a nuestro país y contrasta con la visión publicitada de avance de los objetivos del Milenio.
Estos actos dejan en estado de indefensión, tanto a los defensores de los Derechos Humanos, como a la sociedad Civil, pues si su gobierno agrede tan directamente al Director de un Centro de Derechos Humanos, que se puede esperar para la población.
Señor Gobernador Juan Sabines Guerrero, lo instamos a recapacitar sobre estos hechos que vulneran de manera profunda la estabilidad de Chiapas. Exigimos a su gobierno liberar de inmediato e incondicionalmente a los tres Defensores de Derechos Humanos del Centro “Digna Ochoa” y la cancelación de las órdenes de aprehensión para: Bersaín Hernández Zavala, Orlando Gutiérrez Simón, Roberto Antonio Cruz, Azariel Orozco, Arturo Villagrán Sánchez, Octavio Vázquez Solís. Que ejercían su derecho a la Libre Manifestación, que es un derecho Humano inalienable, e indiscutible y que está contenido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La actitud de abuso de autoridad por parte de su gobierno, al incitar a la agresión hacia los Defensores de los Derechos Humanos, es repudiable para cualquier gobierno en el mundo y se compara con la de los gobiernos de los estados del norte del país en donde a los Defensores se les asesina, a ellos y a sus familias. Condenamos enérgicamente estos asesinatos inadmisibles que laceran a México y a la vez nos solidarizamos con las familias de Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina, Magdalena, y Elías Reyes Salazar y Luisa Ornelas, entre otros a quienes se les ha privado de su Derecho a la Vida, como a la misma Abogada Digna Ochoa, de quien el Centro de Derechos humanos vulnerado lleva su nombre.
Como organismos de Derechos Humanos es no podemos permitir que en Chiapas se llegue a esos grados de violencia, ese es nuestro oficio, y por ello de la manera más civilizada levantamos ahora nuestra palabra porque creemos firmemente que el respeto a los Derechos Humanos, es la Paz.
Atentamente:
Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”
Estudiantes de la Licenciatura en Derechos Humanos, de la UNACH
Consultoría en Educación y Defensa de los Derechos Humanos A.A.F. CEDDHAAF.
Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas.
[1] CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
Artículo 353.- Cometen el delito de motín, quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio, o para evitar el cumplimiento de una ley, o para intimidar u obligar a la autoridad a tomar alguna determinación:
I.- Se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia a las personas o sobre las cosas.
Artículo 369.- Se impondrá de diez a cuarenta años de prisión y multa hasta de cien días de salario, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por los delitos que resulten, al que realice actos en contra de las personas, cosas, o servicios públicos, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, incendio, inundación, contagio colectivo o cualquier otro medio violento que produzca alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a éste para que tome una determinación.
[2] Informe general de la asamblea de la ONU. 57 periodos de sesiones.
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