El día de hoy este Centro de Derechos Humanos (Frayba) presenta el informe denominado “Gobierno crea y administra conflictos para el control territorial en Chiapas”. En este informe realizamos un análisis documental sobre la situación imperante en la región, los intereses que están enmarcados en el Conflicto Armado Interno, ahora en la fase de disputa del Territorio, ya que Chiapas es una beta de gran riqueza para la inversión privada, impulsada con los proyectos ecoturísticos.
Los proyectos de inversión programados intentan despojar del territorio a los Pueblos a través de distintas estrategias como desalojos forzados, la cooptación para la firma de “convenios de desarrollo”, la ocupación policial y militar de la zona, la criminalización de defensoras y defensores.
En ese marco, los hechos ocurridos el pasado 2 de febrero del 2011 en la zona de Agua Azul, ejido San Sebastian Bachajón (SSB), Municipio de Chilón, donde perdió la vida el Sr. Marcos García Moreno y resultó herido el Sr. Tomás Pérez Deara, además de haber sido detenidas 117 personas, de las cuales permanecen aún 10 presos políticos, representan la implementación de una estrategia calculada por el Gobierno del Estado de Chiapas, que generó una confrontación entre actores de la zona, para luego colocarse como mediador y administrar el conflicto. En la implementación de este plan, el Frayba cuenta con diversos testimonios que señalan al Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Noé Castañón León, como uno de los autores intelectuales.
Cabe señalar que el gobierno estatal rompió con un proceso de diálogo y arreglo comunitario que los actores sostenían desde el 2010, para que fueran los mismos habitantes de la zona quienes administraran y preservaran los recursos naturales heredados de sus ancestros.
La situación que prevalece en la zona de Agua Azul, es producto de una guerra integral de desgaste, que genera las condiciones para enfrentar a las organizaciones de esta región, por tal razón lo que se disputa en este conflicto, no es el control de una caseta de cobro para entrar a las Cascadas de Agua Azul, sino la defensa a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas de la región, que construyen su propio proyecto de autonomía.
Por la información recabada, los datos documentales como testimonios, denuncias de ejidatarios/as de La Otra Campaña de SSB y monitoreo hecho en años anteriores, este Centro de Derechos Humanos puede afirmar que en los hechos ocurridos, el gobierno mexicano no sólo no intervino para prevenir el conflicto, sino que planeó los actos mediante una estrategia para el control territorial de la zona en el marco de un Conflicto Armado Interno no resuelto.
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