Impune agresión a defensores en Chiapas

8 de noviembre de 2010

Boletín de prensa

Frayba

• Gobernador de Chiapas encubre a funcionarios abusivos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, agresores de defensora y defensor de derechos humanos.

Hoy se cumple un año desde que elementos de la Policía Ministerial (PM), de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, con el respaldo de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal de Comitán de Domínguez allanaron, con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, la casa de Adolfo Guzmán Ordaz (Adolfo) y Margarita Guadalupe Martínez Martínez (Margarita) y de su familia, violentando los derechos a la integridad personal, libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, entre otras, cometidos por los efectivos policiales y la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra.

El operativo llevado a cabo el 8 de noviembre de 2009, en el domicilio de Adolfo y Margarita ubicado en Comitán de Domínguez, se dio alrededor de las 3.30 hrs. por aproximadamente 20 elementos de la PM quienes sin mostrar orden de cateo entraron en la casa, amenazaron e intimidaron indiscriminadamente los habitantes sin preocuparse de la presencia de dos menores de edad. Cabe mencionar que esta agresión se dio en el marco de una campaña mediática, impulsada por el gobierno del estado, de criminalización a las y los defensores de derechos humanos que trabajamos en Chiapas¹, como es el caso de Adolfo y Margarita.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Protección de los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos el 22 de noviembre del mismo año con el objetivo de esclarecer los mismos. A pesar de que dicha fiscalía realizó una investigación seria e imparcial, acreditando que existen suficiente elementos que indican que el titular de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, José Luis Gómez Santaella, el director de averiguaciones previas, peritos y agentes de la PM adscritos a dicha fiscalía son presuntos responsables de abuso de autoridad en el allanamiento de domicilio de Adolfo y Margarita, y que posteriormente declararon con falsedad y alteraron medios de pruebas para cubrir su arbitrariedad, el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE) Raciel López Salazar y ahora el gobernador Juan José Sabines Guerrero niegan solicitar las ordenes de aprensión contra estos funcionarios como a derecho corresponde.

El 25 de febrero de 2010, en el contexto de la diligencia de reconstrucción de los hechos suscitados el 8 de noviembre del 2009 y, ante la negligencias cometidas por la PGJE, para proteger los responsables del allanamiento, Margarita fue víctima de los delitos de privación arbitraria de la libertad, tortura y amenazas de muerte para que desistiera definitivamente de la denuncia penal, instaurada en contra de servidores públicos y presuntos responsables por acción y omisión, de los delitos de abuso de autoridad y falsedad de declaración.

Es importante subrayar que de haber actuado diligentemente la PGJE se hubieran impedido las agresiones cometidas en contra de Margarita, y toda vez que el gobernador del estado también estaba enterado del riesgo en que se encontraba la familia de Adolfo y Margarita y no actuó en consecuencia resulta responsable de las agresiones. Ante lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de las víctimas, mismas que no se han cumplido a cabalidad.

En ese contexto, para este Centro de Derechos Humanos resultan incongruentes las reformas legislativas y la creación de organismos públicos especializados para las y los defensores de derechos humanos, si las agresiones cometidas en su contra quedan en la impunidad. Vale recordar lo manifestado al respeto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual considera impunidad, "la falta en su conjunto de investigación, persecución, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana. De manera que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares".2

En este sentido el gobierno del estado de Chiapas tiene la obligación de investigar y sancionar a todas aquellas personas que participen en la planeación y ejecución de violaciones a los derechos de las y los que dedican su vida a defender los derechos humanos. La impunidad aumenta el riesgo para las y los defensores de derechos humanos en cumplimiento de sus actividades.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. exige al gobernador del estado a hacer justicia y dejar de encubrir los funcionarios públicos responsables del allanamiento de domicilio, abuso de autoridad, falsedad de declaraciones, uso desproporcionado e indebido de la fuerza en contra de Adolfo Guzmán Ordaz, Margarita Guadalupe Martínez Martínez, y su familia.

Así como el desahogo de la línea de investigación dirigida hacia la responsabilidad que podrían tener dichos funcionaros, respecto a las amenazas y agresión física cometida en contra de Margarita el 25 de febrero de 2010.

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